Una reciente encuesta a 2.061 personas de entre 18 y 79 años realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela la elevada incidencia que tienen los problemas de salud mental entre los españoles: el 61% afirma sufrir o haber sufrido algún tipo de malestar psicoemocional en los últimos tres años. Los más comunes, el estrés, los problemas de sueño, la ansiedad y la depresión; y, en menor proporción, los ataques de pánico, las adicciones y los trastornos alimentarios.
Sin embargo, poco más de la mitad de las personas que sufrieron algún tipo de malestar psicoemocional en los últimos tres años buscó tratamiento o ayuda. Entre quienes la recibieron la más habitual fue la farmacológica (68%), seguida de la psicológica (58%). No obstante, las largas listas de espera en la sanidad pública no ayudan.
Según un informe del Defensor del Pueblo de 2020, la espera para una primera consulta con un especialista en psicología clínica varía entre uno y tres meses; mientras que para segundas consultas hay que esperar un mes y medio. Una situación que empuja a recurrir a servicios privados cuyo importe puede superar con facilidad los 200 euros mensuales, un gasto muy elevado para un hogar medio.
Otras consecuencias de la falta de atención especializada es la sobrecarga de los servicios de atención primaria y la sobremedicación y mayor cronificación del problema. Nuestro país lidera los rankings mundiales de consumo de piscofármacos, tanto de benziodiacepinas (99 dosis diarias por cada 1.000 habitantes), pero también hipnóticos y sedantes (32 dosis diarias por cada 1.000 habitantes). Un exceso en buena parte evitable con terapia psicológica, al menos en los cuadros leves y moderados de ansiedad, depresión, insomnio o estrés, tal y como apuntan las guías de práctica clínica.
La inversión y el aumento de recursos para la atención en salud mental podría reducir el coste económico y social derivado de estos problemas. Y es que el aumento de la carga de la discapacidad y de la incapacidad laboral asociadas a una pobre salud mental, o la pérdida de años de vida atribuibles a factores de riesgo conductuales (consumo de sustancias, sedentarismo, mala alimentación etc.), entre otros muchos factores, suponen un coste del 4,2% del PIB de España, estima la OCDE.
