Los alcaldes de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Mejorada, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares han firmado hoy el acta de constitución de la comisión de alcaldes para impulsar una iniciativa legislativa que pretende la aprobación de una ley que modifique la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, que permita a la Comunidad de Madrid declarar la Zona de Mercado Residencial Tensionado dado que el Gobierno regional aún no ha legislado en la materia, en aplicación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha incidido en la necesidad de “propiciar vivienda asequible para garantizar el derecho de acceso a la vivienda, la declaración de zona de mercado tensionado, la apuesta por la intervención de políticas públicas y la cooperación entre administraciones”.
El objetivo básico de esta iniciativa es convertir de esta manera, la política de vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, favoreciendo y propiciando desde lo público la existencia de vivienda asequible en el mercado; así como apostar por la intervención de las políticas públicas de vivienda en el mercado para garantizar la consecución del derecho de acceso por parte de la ciudadanía.
Esta acción responde a la convicción de que, como representantes de las entidades locales y como administración más cercana a las necesidades de la ciudadanía, es necesario poder actuar con los instrumentos legales habilitados para defender el acceso a la vivienda de los vecinos y vecinas, especialmente de los jóvenes de nuestros municipios posibilitando su emancipación.
A través de esta iniciativa se pretende, no solo, impulsar una proposición de ley reguladora del procedimiento a seguir para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado ante la Mesa de la Asamblea de Madrid de los municipios firmantes y del que podrán beneficiarse los 179 municipios de la Comunidad de Madrid que sufran las mismas necesidades; sino, principalmente, crear un marco de actuación para orientar las actuaciones públicas en este ámbito a la creación de vivienda protegida asequible para la población, en condiciones que la hagan para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales.
Todos los ayuntamientos firmantes han mostrado su firme convicción de la necesidad de cooperación entre administraciones, y más en un aspecto tan vital como las políticas públicas en defensa del derecho a la vivienda, pilar necesario para el desarrollo personal y familiar de la ciudadanía, es el momento de seguir aunando esfuerzos en la materia.
