En la operación han sido detenidas 11 personas, diez hombres y una mujer, entre 25 y 40 años, de origen nigeriano y guineano, en Valencia, Madrid, Islas Baleares y Murcia, por los delitos de falsedad documental y usurpación de identidad de los aspirantes a las pruebas de dominio de la lengua española (DELE) y de conocimientos culturales (CCSE) establecidos por el Instituto Cervantes. Los organizadores cobraban entre 400 y 800 euros para presentarse a las pruebas en lugar de los verdaderos aspirantes, aprovechando su parecido físico. Se han detectado al menos diez suplantaciones de identidad.
La investigación arrancó hace aproximadamente un año cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia tuvieron indicios de posibles suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para la consecución de la nacionalidad española. Estas sospechas se fundamentaron en la detención de un ciudadano de origen nigeriano como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil al haber suplantado, presuntamente, a otro compatriota como aspirante a la prueba de conocimiento de la lengua española.
Ante la hipótesis de la existencia de una organización dedicada a suplantar la identidad de los candidatos para superar las pruebas de dominio de la lengua española (DELE) y conocimientos culturales y legales (CCSE), necesarias para la obtención de la nacionalidad, los agentes prosiguieron con las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos.
A raíz de las indagaciones se consiguió establecer la relación entre seis personas de diferentes nacionalidades, principalmente de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Ghana, los cuales se encargaban de localizar primeramente a personas con parecido físico a los aspirantes y conocimientos suficientes para la superación de las pruebas. Posteriormente, suplantaban a los verdaderos aspirantes para aprobar los exámenes requeridos para la obtención de la nacionalidad española.
En ocasiones, los mismos organizadores suplantaban la identidad de los aspirantes, aportando documentación falsa o falsificada a nombre de los aspirantes o bien con la propia documentación de estos, en ambos casos haciéndose pasar por los candidatos.
Los investigadores han podido constatar hasta diez suplantaciones de identidad llevadas a cabo por la organización criminal, todo ello a cambio de una importante cantidad de dinero, que oscilaba entre los 400 y los 800 euros por cada examen.
Como resultado de las investigaciones los agentes llevaron a cabo registros en la provincia de Valencia donde se intervinieron varios dispositivos móviles, pasaportes falsificados y permisos de residencia falsos. Se han efectuado un total de 11 detenciones –siete en Valencia, dos en Madrid, una en Murcia y otra en las Islas Baleares–, por los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, imputándoles además a cuatro de ellos un delito de pertenencia a grupo criminal. Posteriormente fueron puestos a disposición judicial.
