La investigación se inició a finales de octubre de 2019 cuando se identificaron en España una serie de entramados empresariales dedicados a publicitar servicios fraudulentos de gestión de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los consumidores en los distintos ficheros de solvencia patrimonial y crédito, conocidos como ficheros de morosidad. Los arrestados actuaban de intermediarios entre personas declaradas morosas, y ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros), entidad estatal oficial que ofrece estos servicios de manera gratuita.
Esta organización criminal disponía de una campaña publicitaria muy agresiva por la que pagaba alrededor de un millón y medio de euros a un conocido buscador web para que ofreciera las páginas de la organización criminal como los primeros resultados de las búsquedas que se realizaban en Internet, posicionándose por encima de la página oficial de ASNEF.
Las víctimas se ponían en contacto con el teléfono que ofrecía la organización criminal para gestionar su baja en los ficheros de morosidad, para posteriormente ser derivadas a números de tarificación adicional para continuar con las gestiones. Estos teléfonos suponen un sobrecoste en la factura tasándose el importe de estas llamadas en 1,57 €/min. Para obtener un mayor beneficio los miembros de la organización alargaban lo máximo posible, y de manera injustificada, las llamadas de los clientes que se ponían en contacto con ellos. El contacto finalizaba sin que se hubiesen realizado los servicios requeridos y que normalmente consistían en solicitar la baja de los datos de las víctimas en los mencionados ficheros.
Esta organización contaba con un alto grado de tecnificación que le permitía operar en centros de Colombia y España. Además, sus líderes formaban de manera exhaustiva a los integrantes de la misma, distribuyéndoles manuales de uso en los cuales se explicaba cómo alargar los contactos lo máximo posible. Cabe destacar que el tiempo máximo legal de duración de las llamadas de tarificación adicional no puede superar los 30 minutos, con un coste asociado de alrededor de 40 euros aproximadamente, cortándose la llamada automáticamente transcurrido ese tiempo. No obstante, se han identificado víctimas que han realizado hasta 5 llamadas de 30 minutos, lo que supone un perjuicio ocasionado a cada una de ellas de 200 €.
La cúpula de esta trama se erigía como una auténtica estructura piramidal delincuencial, que tenía a su disposición un entramado financiero-empresarial complejo para dificultar la trazabilidad del dinero que percibían desde las cuentas bancarias de las víctimas. Para blanquear estos beneficios utilizaban paraísos fiscales a los cuales realizaban numerosas transferencias internacionales.
A lo largo de la presente investigación se ha conseguido la desarticulación total de la red con la detención de 17 personas en Madrid, la realización de tres registros en Madrid capital y Valdemoro, doce cuentas bancarias bloqueadas y el cierre de seis páginas web. Además, se ha logrado una parada total del servicio fraudulento que ofrecía la organización, lo que ha impedido que el número de víctimas aumentase.
