La investigación se inició en el marco de un control desarrollado sobre varias discotecas de Madrid capital para identificar indicios de explotación laboral sobre el colectivo conocido como “chicas de imagen”. Tras detectar una alta afluencia de jóvenes que coincidían con este perfil en un local de ocio, se realizaron diferentes pesquisas para confirmar este extremo, desarrollándose finalmente una inspección el pasado mes de diciembre.
En esta inspección fueron identificados 66 empleados y contó con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, lo que permitió acreditar que entre el total de identificados había 22 mujeres trabajando como “chicas de imagen” sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. De entre ellas, cuatro mujeres se encontraban en situación irregular en territorio nacional, derivando todo lo anterior en 21 infracciones por incumplimiento de la normativa laboral y en materia de extranjería.
Las pesquisas de los agentes evidenciaron que estas mujeres eran captadas por diferentes medios, incluso por redes sociales, exigiéndoles el personal de la discoteca el envío de fotografías. Una vez obtenido su visto bueno, las jóvenes pasaban a engrosar una bolsa de trabajo compuesta por 200 mujeres, gestionada a través de un grupo de una aplicación de mensajería instantánea.
Una vez estas mujeres habían accedido a lo descrito anteriormente, debían aceptar condiciones específicas de vestimenta y se comprometían a dispensar un trato cercano y alegre, incluso sugerente, a cambio de cuantías que oscilaban entre los 50 y los 80 euros por noche. Estas contraprestaciones podían ser abonadas de tres formas diferentes: al cierre de cada evento, al final de semana por los servicios acumulados o mediante medios de pago telemático al margen de la fiscalización económica.
En cuanto al perfil de estas trabajadoras, se trataba de mujeres jóvenes, entre 20 y 30 años de edad, que adquirían el compromiso de ejercer como reclamo de clientela masculina, incentivar la contratación de espacios reservados dentro del local y maximizar el consumo de los productos ofertados en el interior de la discoteca.
Fruto de las averiguaciones posteriores, además de las propuestas de sanción administrativas realizadas tras la inspección, a finales del pasado mes de mayo se procedió a la detención del responsable de la discoteca, pasando a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Esta investigación se enmarca en una línea de trabajo desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid para la prevención de la explotación laboral en locales de ocio que continuará operativa en los próximos meses en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.
