Familias, parejas jóvenes en busca de su primera vivienda para consolidar su proyecto de vida, son entre otras las personas afectadas por este escándalo inmobiliario, presunta estafa según los afectados, que está ocurriendo en Fuenlabrada y que ahora se está denunciando ante los medios de comunicación.
El grupo Prádena, codirigido por A.G.P y Jonathan Praena, que actualmente es el presidente del CF Fuenlabrada, que ha celebrado recientemente su gran éxito por ascender al club a la Segunda División, son los responsables de esta mala gestión, según los denunciantes.
La mayoría de los afectados han entregado cantidades a cuenta -en torno a los 50.000 euros- para el proyecto de construcción de sus viviendas en diferentes promociones, denominadas como Malagueta XII, XIII, etc., que muchas de ellas se deberían haber entregado las llaves en estos meses y que han visto como tras dos año y medio las obras ni han comenzado.
La relación personal entre los dos socios del Grupo Prádena parece que no pasa por su mejor momento. Uno de ellos, concretamente A. G. P., ha convocado este pasado fin de semana a algunos de los afectados para explicarles la situación, confirmando que no pueden construir sus viviendas de momento y que en el caso que se pudiera construir dentro de unos años, sería por un precio muy superior al firmado inicialmente en las promociones.
En la misma reunión se les ha informado que el CF Fuenlabrada le debe al Grupo Prádena una importante suma de dinero, que podría rondar los tres o cuatro millones de euros, según han asegurado los afectados a Fuenlabrada Noticias, tras ver un burofax enviado al club de futbol reclamando ese dinero que al parecer figura como préstamo a devolver en cuatro o cinco años.
"Hemos estado pagando los sueldos de los jugadores y ayudando al club a subir a Segunda durante estos dos últimos años y ahora nos encontramos sin nuestras viviendas", ha explicado Javier Pinel, uno de los afectados, añadiendo que "es incomprensible que pueda ocurrir esto en Fuenlabrada con familias humildes".
El Ayuntamiento pone a disposición de los afectados sus servicios jurídicos
Esta mañana se han reunido en el Ayuntamiento con los vecinos afectados, el alcalde, Javier Ayala y la concejala de urbanismo, Ana Pérez, para informarse de la situación. Tras conocer los informes aportados por los afectados, les han ofrecido intermediar en el conflicto, ofreciendo los servicios jurídicos de la OMIC (Oficina municipal de información al consumidor) para que les puedan asesorar.
Fuentes del Gobierno Municipal han asegurado a FN que el Ayuntamiento siempre se interesa por los problemas que afectan a los vecinos, recordando que se trata de un conflicto de los afectados con una empresa privada.
