La investigación se inició hace más de un año, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó la actividad de un grupo criminal muy especializado que conseguía robar vehículos utilizando herramientas electrónicas sin necesidad de forzamiento, todo ello tras un importante aumento del número de robos de vehículos de determinadas marcas y modelos.
Las redes de cooperación policial internacional de las que la Guardia Civil forma parte activa, permitieron determinar que este grupo criminal presentaba ramificaciones internacionales, ya que los vehículos robados en España se vendían en mercados internacionales y, del mismo modo, vehículos sustraídos en otros países de Europa tras ser falsificados, eran vendidos como vehículos legales en nuestro país.
Esta fluida cooperación permitió a la Sección de Delincuencia Organizada del Automóvil de la UCO la localización de un vehículo en el noreste de Madrid que había sido sustraído en Alemania en agosto 2022. Por ese mismo cauce se recibió información de primera mano sobre la sustracción de otro vehículo en Madrid y su posterior recuperación en Hungría.
Los miembros de esta organización se dedicaban a transitar por varias ciudades españolas buscando posibles vehículos a sustraer. Una vez localizados y controlados los horarios de sus propietarios, se desplazaban hasta el lugar y, utilizando una herramienta informática artesanal, dotada de un software malicioso que permitía burlar las medidas de seguridad electrónicas instaladas por el fabricante, abrían y arrancaban el vehículo en pocos minutos sin ningún tipo de forzamiento.
Posteriormente, les instalaban placas de matrícula correspondientes a vehículos legales de la misma marca, modelo y color y los estacionaban en lugares públicos previamente seleccionados que hacían que, debido a la gran cantidad de automóviles aparcados que había en el lugar, pasaran desapercibidos, de modo que podían tenerlos varios días estacionados para verificar si llevaban algún dispositivo de geolocalización instalado que hiciera que fueran recuperados por el propietario o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para la falsificación de las placas de matrícula que necesitaban para que los coches robados superaran una eventual inspección policial, utilizaban un taller mecánico situado en la localidad de Alcalá de Henares y propiedad de uno de los miembros del grupo criminal.
Sometida esta persona a una vigilancia continua y discreta, los agentes pudieron corroborar cómo efectivamente el propietario del establecimiento suministraba placas de matrícula a la célula del grupo criminal encargada de los robos de los vehículos.
Ya con las nuevas placas de matrícula instaladas, los vehículos eran trasladados a diferentes puntos de la geografía española, y entregados a los miembros del grupo encargados de las falsificaciones, que modificaban los registros físicos del coche, tales como el número de bastidor o los adhesivos identificativos del fabricante, y los electrónicos, cambiando los números de registro grabados en la Unidad de Control Electrónico. En este proceso, también generaban unas nuevas llaves de arranque, codificadas electrónicamente con los nuevos datos del coche y que les permitiría pasar ya una inspección en profundidad.
Los agentes pudieron ubicar varias naves industriales situadas en Murcia y Alicante que el grupo criminal utilizaba para ocultar los vehículos robados a la espera de ser transportados a otros países, donde tenían modificados los elementos identificativos.
La organización disponía de camiones góndola, que transportaba estos vehículos con dirección al este de Europa, habiéndose recuperado así varios de ellos y localizados otros tantos, como es el caso de uno sustraído en Madrid y localizado en la ciudad lituana de Uzbaliai.
Por todo ello, la operación de la Guardia Civil, denominada 'Biturbo', se ha saldado con la detención de 5 personas, tres de nacionalidasd rusa, una rumana y otra española, así como con la recuperación de 13 vehículos sustraídos, abundante material para el robo de vehículos, una troqueladora de placas de matrícula para fabricar las placas falsificadas, dispositivos de geolocalización, más de 100 llaves en blanco para programar, herramientas informáticas artesanales para abrir y arrancar los coches y varios elementos contra la vigilancia policial.
Se trataba de un grupo criminal altamente especializado, que utilizaba material electrónico destinado a detectar y perturbar las vigilancias policiales, tales como cámaras de grabación discreta o detectores e inhibidores de dispositivos GPS, y que adoptaban intensas medidas de contra vigilancia en su actividad diaria, lo que supuso que el control discreto de sus movimientos constituyera un reto añadido. Esta alta especialización y su pericia en el manejo de dispositivos electrónicos e informáticos hacía que fueran capaces de robar los vehículos en escasos minutos sin ningún tipo de forzamiento, así como de falsificar todos sus elementos identificativos electrónicos de modo que pasaran una inspección en profundidad previa a la matriculación en otros países.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares (Madrid) y llevada a cabo de manera conjunta por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el GIAT Central de la Agrupación de Tráfico.
