La actividad se desarrollaba en un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT), ubicado en la Comunidad de Madrid, y se servía de una red de empresas vinculadas a la gestión de ese tipo de vehículos, principalmente de motocicletas y ciclomotores, distribuida por varias provincias españolas, para exportarlas ilegalmente, como vehículos de 2ª mano, a diversos países africanos, además de Italia, Portugal y Polonia.
Esta empresa estaría adquiriendo vehículos dados de baja, en concreto motocicletas y ciclomotores, que tenían la consideración de residuos peligrosos, para su gestión como residuos, pero en lugar de descontaminarlos y venderlos por piezas, eran exportados como vehículos de 2º mano, principalmente a países africanos, pero también a Italia, Portugal o Polonia y, en menor escala, a particulares de distintos puntos de España. Eran transportados completos, y declarados como efectos de 2ª mano, evitando así las prohibiciones de exportación para residuos peligrosos.
Los vehículos se adquirían como residuo a un precio muy bajo, y se vendían sin sufrir ningún tipo de tratamiento como vehículos de segunda mano, lo que aumentaba considerablemente el margen de beneficios. Además, estos servicios no se declaraban como parte de la actividad lícita de la empresa, que la había, defraudando así a la hacienda pública y consiguiendo aumentar las ganancias.
También se ha investigado a la empresa por un delito contra el derecho de los trabajadores, ya que parte de la plantilla eran operarios, sin contrato laboral. La mayoría de los pagos se hacían en metálico y sin facturas. Además, tenían almacenados un elevado número de residuos peligrosos en parcelas sin autorización que excedían el tiempo máximo permitido para este tipo de almacenamientos.
Esta práctica irregular habría generado un alto nivel lucrativo a los integrantes de la organización, que disfrutaban de un alto nivel de vida y habían adquirido numerosos bienes muebles e inmuebles, aperturas de fondos de inversión y vehículos de alta gama, además de ser utilizados para el capital social en la constitución de otras personas jurídicas que engrosaban el entramado societario. Se han identificado activos por valor de 5 millones de euros, que actualmente se encuentra bajo control judicial.
Contaba con una estructura criminal perfectamente organizada y jerarquizada, en cuya cúspide se encontraban dos administradores de la empresa, que eran los responsables de dirigir, coordinar y planificar todas las actividades irregulares.
Bajo sus órdenes se encontraban otras dos personas dedicadas a las labores administrativas y de cobro. Su labor era fundamental, debido al elevado número de vehículos que tenían entrada en el CAT, para registrar, estructurar y contabilizar las distintas partidas. Se ha constatado como existían dos contabilidades, una oficial y otra oculta, utilizada esta última para derivar beneficios sin contribuir con los impuestos que obliga la normativa tributaria.
Un tercer escalón, también dentro de la empresa, estaba formado por 10 operarios que realizaban el trabajo de manipulación de los residuos, eliminado los números de bastidor y las placas de matrículas de las motocicletas, para que no pudieran ser relacionados con el CAT tras su venta, ni con su correspondiente Certificado de Destrucción, ya que algunas de las motos incluso provenían de robos.
Finalmente encontraríamos una serie de clientes y transportistas que se ocupaban de la adquisición y traslado de estos vehículos ilícitamente y una red de proveedores, que habrían aportado al núcleo central casi 300 toneladas de motocicletas y ciclomotores al final de su vida útil (algunas de ellas pertenecientes a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) sin tratamiento y sin autorización, ni cumpliendo con los trámites obligatorios.
Además de la vertiente medioambiental, este tipo de dinámicas delictivas busca también eludir los pagos tributarios de servicios prestados y de ventas realizadas. A su vez, llevan aparejadas estructuras cuyo objetivo es el blanqueo de los bienes ilícitos conseguidos.
La investigación se ha saldado con la detención de 25 personas físicas y la investigación de otras 5 jurídicas y en la investigación económica asociada, se ha verificado que, sólo en el tiempo que ha trascurrido la investigación, el entramado criminal habría obtenido un beneficio ilícito de más de medio millón de euros.
En los diversos registros se ha intervenido cuantioso material documental e informático para analizar, cerca de 4.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes, además de varias armas y munición.
A los detenidos se les imputan varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entre otros.
El objeto social de los CATs es la correcta gestión de los residuos con el fin de generar el menor riesgo posible para el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, lo que implica unos costes que, posteriormente, serán sufragados con la venta de los elementos, por piezas, valorizados. La incorrecta o nula gestión de estos vehículos, disminuía los gastos de gestión de residuos y reportaba un beneficio fraudulento.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado nº 6 de Valdemoro (Madrid), desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del SEPRONA en estrecha colaboración con la Subdirección General de Economía Circular del MITERD, y apoyada por el Grupo de Investigación de la Agrupación de Tráfico (GIAT) Central, Unidades de Investigación de la Compañía de Aranjuez (Madrid) y EUROPOL.
