La investigación se inició en enero de 2019 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que se podría estar lucrando mediante la falsificación de documentación para tratar de regularizar la situación de ciudadanos extranjeros. Los investigadores detectaron que concretamente dos mujeres, presuntamente se dedicaban a presentar solicitudes de autorizaciones de residencia con documentos falsificados, por lo que realizaron un filtrado de todas las solicitudes en la que pudieron constatar la actividad delictiva.
Las integrantes de la organización habían establecido un estricto protocolo de seguridad a la hora de presentar las solicitudes, cambiando continuamente de teléfono y de correo electrónico para solicitar las citas y presentación de expedientes, llegando a constatarse al menos 24 números de teléfonos distintos en más de 300 solicitudes de residencia. Les exigían entre 200 y 7.500 euros, en función de la cantidad de documentos que necesitaran falsificar
A lo largo de la investigación, conforme los agentes iban detectando documentación falsa, pudieron constatar que los ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en España, eran captados en un lugar de culto y les exigían entre 200 y 7.500 euros, en función de la cantidad de documentos que necesitaran falsificar. En ese proceso de captación estaban presuntamente implicadas las mismas dos mujeres que presentaban las solicitudes y un tramitador de expedientes.
Las pesquisas practicadas permitieron detectar e identificar al líder de la estructura criminal, quien además se encargaba de ofrecer contratos de trabajos ficticios. También se detectó a otro integrante de la red responsable de gestionar los empadronamientos ilegales de los ciudadanos engañados, requisito indispensable para regularizar la situación legal.
También pudieron comprobar cómo determinados integrantes del entramado, amenazaban telefónicamente con números ocultos o desde Honduras, a los ciudadanos extranjeros o a sus familiares, en el caso de que contaran el procedimiento ilícito por el que pretendían regularizar su situación en nuestro país.
Hasta el momento se han practicado 52 detenciones, imputándose a los principales líderes del grupo los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, denuncia falsa, delitos contra los derechos de los extranjeros, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta ya que parte de la organización criminal se encuentra establecida en Honduras, país al que se enviaba el dinero obtenido ilícitamente para ser invertido y generar mayores ganancias para la red criminal.
