Estamos muy familiarizados con la temática detectivesca a través de las películas y series de ficción que solemos consumir, normalmente provenientes de Hollywood. Y a muchos, la profesión de detective privado nos parece apasionante. Sin embargo, muchas personas no conocen cuales son exactamente las labores que realiza este tipo de profesional, ya que pueden diferir en ocasiones de lo que vemos en la pequeña y en la gran pantalla.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un detective privado es un policía particular que practica investigaciones reservadas y que, en ocasiones, puede intervenir en procedimientos judiciales. Sin embargo, esta definición queda un poco pobre, ya que un detective no tiene que ser necesariamente un policía; por lo que el Manual Básico del Detective Privado arroja una definición más exacta de lo que significa esta profesión.
Así pues, según la definición de este manual un detective privado es un “profesional liberal que realiza investigaciones de carácter reservado a solicitud de personas físicas o jurídicas, siempre en el marco del respeto a la ley”. Por ello, puede realizar investigaciones de hechos y conductas que se relacionan con un caso determinado, puede recoger y aportar pruebas de los hechos en caso de juicio e informar a todas las personas involucradas en un caso particular, siempre que todo ello se realice de acuerdo con la ley. Para cumplir con todas esas cuestiones, normalmente los detectives tienen cierto control gubernamental sobre su profesión y las labores que desempeñan. Si necesitas un detective privado, en Doverty, puedes encontrar la ayuda que necesitas.
¿Qué puede investigar un detective privado de acuerdo con la ley?
En España, un detective privado puede investigar casos relacionados con el ámbito económico, laboral, mercantil y financiero. Por ello, puede investigar de forma general la vida personal, social o familiar de los investigados en cada caso con la excepción de aquello que se desarrolle en los domicilios, viviendas o en lugares reservados. Por ejemplo, puede investigar aquello relacionado con la autenticidad de las bajas laborales, entre otras cuestiones.
Además, los detectives privados también se encargan de investigar casos de conductas dudosas en adolescentes problemáticos, así como el consumo o tráfico de drogas, la pertenencia a bandas juveniles, su relación con casas de apuestas, sectas y en casos de acoso escolar. También pueden ser contratados en el ámbito familiar para investigar posibles infidelidades o de recoger pruebas para ser usadas en un juicio en caso de divorcio, así como en los casos de herencia o morosidad.
Asimismo, también puede realizar investigaciones a instancia de distintas entidades para descubrir prácticas fraudulentas en empresas, alzamiento de bienes, uso de información privilegiada, espionaje industrial, competencia desleal, etc., pero, como hemos dicho, la obtención de la información y de las pruebas que se puedan utilizar en caso de procedimiento judicial debe hacerse de acuerdo a la legalidad, por lo que existen algunos límites que un detective privado no puede traspasar. Por ello, deberá obtener la información y las pruebas en lugares públicos.
¿Qué límites tiene la investigación de un detective privado?
Como hemos dicho, un detective puede investigar de forma general la vida personal o familiar de las personas involucradas en determinado caso, pero con la excepción de aquello que se desarrolle en domicilios, viviendas o en lugares reservados. Por ello, deberá obtener la información y las pruebas que va a utilizar en su investigación en lugares públicos.
Esto se debe a que los fines de la investigación privada deben estar orientados a satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los ciudadanos siempre mientras no se atente contra las libertades y derechos de otros ciudadanos. Por ello, los detectives privados no pueden en ningún caso investigar la vida íntima de las personas que transcurra dentro de sus domicilios o en lugares reservados.
De esto se desprende que tampoco puede hacer uso de medios personales, ni materiales, ni técnicos de manera que puedan atentar el derecho al honor, la intimidad personal o familiar, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones ni a la protección de datos, aunque existen algunos casos en los que los límites están bastante difusos.
Para conocer en qué entornos un detective privado puede obtener pruebas de un investigado, debes saber qué es un espacio público y cuál no lo es. Así pues, un lugar público, es donde se desarrolla la vida habitual de las personas fuera del domicilio. Por ejemplo, las calles, los parques, el despacho de un abogado, un restaurante. Por otro lado, existen lugares privados, como la habitación de un hotel o un reservado en un restaurante o sala de fiestas en los que la obtención de pruebas podría ser un hecho constitutivo de delito, ya que vulneraría las libertades y derechos de los ciudadanos investigados.
¿En qué casos concretos se encuentra el límite?
La obtención de pruebas suele consistir en entrevistas a personas cercanas al entorno del investigado y la recolección de datos y pruebas que pueden ser documentos, mensajes, fotografías, grabaciones de audio y de vídeo. que podrán ser utilizadas en caso de procedimiento judicial dependiendo de la manera en la que se hayan obtenido.
Por ejemplo, colocar un micrófono en un lugar público es ilegal, pero sí que puede ser legal grabar en audio una conversación que sucede en un sitio público sí que sería legal, por ejemplo, en el caso en que los interlocutores estén hablando lo suficientemente alto como para que se escuche perfectamente desde las mesas adyacentes. Asimismo, la obtención de imágenes y videos sin audio es perfectamente legal mientras la situación se dé en el entorno público.
En cambio, no es legal la obtención de pruebas en un lugar privado, como, por ejemplo, en el domicilio del investigado, o en un lugar privado, como una habitación de hotel o en un lugar reservado de un restaurante o sala de fiestas. Los límites son, en ocasiones, muy difusos y, muchas veces los investigadores caminan en esta línea que está entre lo legal y lo ilegal dependiendo de si los jueces aceptan o no las pruebas obtenidas para distintos casos o procedimientos judiciales.
