El Ayuntamiento de Parla, a través de la Oficina Municipal de Vivienda y la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ha remitido una carta a las inmobiliarias del municipio en la que solicita su colaboración para evitar situaciones de abuso respecto al cumplimiento del art. 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula la responsabilidad de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato de arrendamiento de vivienda.
Habida cuenta del aumento del número de quejas recibidas en ambas Oficinas sobre el cobro del llamado “mes de agencia” que en muchos casos se trata de una comisión equivalente a un mes de alquiler de la vivienda más un 21% de IVA y dado que se trata de una práctica que está fuera de la ley -concretamente del artículo 20.1 de la Ley antes citada, que dice explícitamente que “los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador”, el Ayuntamiento ha determinado intervenir, con el fin de proteger los derechos de las y los inquilinos de la ciudad, velando por el cumplimiento de la norma y garantizando la reducción de este gasto abusivo, para disminuir las barreras de acceso a la vivienda que existen en nuestra ciudad por el aumento generalizado de los precios.
Con este objetivo, la Oficina Municipal de la Vivienda, además de supervisar el proceder de las 45 agencias inmobiliarias de la localidad, se pone a disposición de las mismas, sugiriendo posibles mejoras si fuera necesario, así como ofreciendo asesoramiento legal tanto a empresas como a la ciudadanía sobre las cuestiones que pudieran surgir durante el proceso contractual de arrendamiento.
Esto es, la misiva, que ya ha comenzado a recibir respuesta por parte de las agencias, busca proteger tanto a éstas en el desarrollo de su actividad, como defender a los ciudadanos y ciudadanas ante posibles situaciones abusivas derivadas de dicha actividad.
Esta comunicación hecha por el Ayuntamiento coincide con la advertencia realizada el pasado viernes por la Dirección General de Consumo del Gobierno de España en la que instaba a las agencias inmobiliarias a cumplir con dicha previsión legal y a recordar que en el caso de que persistan estas prácticas se procedería a abrir una infracción grave (sanción económica entre 10.001 euros y 100.000 euros) en virtud del art.48 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cabe recordar que tanto esta problemática como cualquier otra relacionada con la vivienda puede ser trasladada -bien presencialmente, bien por teléfono o por correo electrónico- a la Oficina Municipal Vivienda, sita en calle Ramón y Cajal 3 y 5 posterior; teléfono 91 201 35 75; correo electrónico: [email protected].
