La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado en su última sesión terminar con la cesión del espacio Cerro de la Cantueña a la Comunidad de Madrid, revertiendo la titularidad de dicho centro al Ayuntamiento de Fuenlabrada.
La decisión municipal se produce tras rechazar las alegaciones presentadas por la Comunidad y una vez finalizado los plazos y procedimientos legales del proceso de reversión iniciado por el Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno ha acordado resolver la cesión al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999 donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada.
Los informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid que no reconocía la titularidad municipal del centro adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de la Cantueña. Un consorcio que no existe desde hace más de 20 años tal y como puede comprobarse en el propio portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Dichos informes señalan documentos y referencias expresas, en estos años, del reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la titularidad municipal de dicho centro.
El alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala ha acusado a la Comunidad de Madrid de tratar de imponer este centro en la ciudad sin las condiciones adecuadas, en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores propiciando su inclusión.
“Nosotros apostamos por el consenso con otros municipios para que haya un reparto razonable y que todos aportemos en la solución. Fuenlabrada será el primero en ser solidario”, ha propuesto Ayala quien ha recordado que Fuenlabrada tiene un amplio reconocimiento en la Unión Europea y presencia en numerosos foros internacionales por su implementación de políticas de integración y diversidad.
En la actualidad, el TSJM ha admitido a trámite e investiga, el contrato de emergencia aprobado por la Comunidad de Madrid para las obras del macrocentro de menores que pretende instalar el gobierno de Ayuso en Fuenlabrada. Además, un juzgado de Madrid dirime sobre el decreto de paralización de las obras aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad.
