Fuenlabrada acusa a la Comunidad de Madrid de 'abuso de derecho ante una actuación ilícita'

Edificio en adaptación para un centro de menores no acompañados en la Cantueña (Fuenlabrada), objeto de litigio entre Ayuntamiento y Comunidad
Fuenlabrada ha presentado alegaciones ante el Juzgado para paralizar las obras del centro de La Cantueña, ante la resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid

Fuenlabrada mantiene el pulso frente a la Comunidad de Madrid para detener la adaptación del edificio de la Cantueña en un centro de menores no acompañados.

El equipo de gobierno ha anunciado que ha presentado alegaciones a las medidas cautelarísimas acordadas por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid en el caso del macrocentro para menores no acompañados de La Cantueña.

Según las fuentes consultadas del Ayto. de Fuenlabrada, las alegaciones se basan, por un lado, en el hecho de que existe un expediente para la reversión del espacio lo que recomendaría la paralización de las obras hasta que quede clara la titularidad de los terrenos y del inmueble de La Cantueña.

Por otro lado, el escrito del Consistorio cuestiona la urgencia de dichas obras alegado por la Comunidad de Madrid ya que la administración regional no ha acreditado en ningún momento fechas concretas para respaldar dicha urgencia y se basa solamente en ideas y pronósticos hipotéticos.

Abuso de derecho ante una actuación ilícita

Asimismo, las alegaciones presentadas por el equipo jurídico municipal, indican que la actuación del Gobierno regional es “un abuso de derecho” que se realiza “a sabiendas de que se encuentra viciada de una eventual vulneración del ordenamiento y del Convenio” de cesión del espacio.

Queda acreditado, dice el escrito, que la Comunidad “es consciente de que su actuación es ilícita” y “solo pretende generar un perjuicio al propio Consistorio”, que, en caso de se lleven a cabo las obras, podría ver “reintegrado a su patrimonio una serie de inmuebles modificados y no acordes a la propia normativa urbanística, y que nada tienen que ver con los inicialmente cedidos, debiendo por tanto o bien reclamar a la Comunidad de Madrid la restitución  o bien utilizar sus propios recursos para paliar una actuación fundad en la mala fe de la administración autonómica”, han explicado para terminar.