Esta nueva medida supondrá la apertura de una oficina en cada una de las 25 residencias públicas gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y en los 18 centros de gestión indirecta propiedad la Comunidad de Madrid. Estarán atendidas por personal dependiente de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación que reportará directamente a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y se encargará de mantener un contacto directo con los familiares de los usuarios.
Los profesionales de estas oficinas canalizarán los temas que planteen en relación con la atención que reciben sus seres queridos y harán un seguimiento de los mismos, informándoles de los avances que se produzcan. Estas cuestiones llegarán inmediatamente al personal de la Consejería, lo que permitirá conocer de primera mano las posibles incidencias, preparar la respuesta de forma más rápida y ofrecer una solución acorde a las necesidades planteadas.
Entre las funciones del Servicio de Atención y Apoyo a las Familias también estará intermediar en conflictos que se puedan generar o coordinar el programa de bienvenida a los centros para los nuevos residentes, con un seguimiento especial en los primeros días de estancia del usuario que lleve a aclarar las dudas que surjan a sus familiares.
Las primeras oficinas se abrirán en una decena de residencias públicas del AMAS a partir de marzo a través de una experiencia piloto, y posteriormente se extenderán al resto de centros con un horario de atención presencial que coincidirá con el establecido para las visitas, con el objetivo de facilitar al máximo el contacto del servicio con los familiares.
La Comunidad de Madrid también va a impulsar la participación de los familiares en los Consejos de Residentes, órganos de consulta de los centros que analizan el día a día de estos recursos, participan en la elaboración de las normas de convivencia y realizan propuestas sobre el programa de animación o las necesidades de las instalaciones para mejorar la calidad de la atención.
Para ello, introducirá una modificación en la composición de estos órganos, formados por el equipo directivo y una representación de los usuarios de los centros públicos. Hasta ahora podían participar los familiares que ejercían la tutela legal de residentes incapacitados judicialmente, y con este cambio se transformarán en Consejos de Usuarios y Familiares que permitirán la entrada de allegados que no tengan esta condición, potenciando la representación de personas que tengan deterioro cognitivo.
