Esta medida, dirigida a la protección de aquellos menores que no pueden vivir con sus progenitores, tiene como objetivo contribuir a su plena integración en entornos familiares.
Para ello, el Gobierno madrileño invertirá 300.000 euros, cantidad que se podrá incrementar en función de la demanda, que servirán para hacer frente a desembolsos sanitarios que no cubra el sistema público de salud o que, estando incluidos, alguna circunstancia excepcional obligue a acudir a otro tipo de profesional. También se contemplan aquellos derivados de tratamientos pedagógicos y de logopedia.
Los destinatarios son todas las familias acogedoras, en las modalidades temporal o permanente, en régimen de extensa o seleccionada, que podrán presentar sus solicitudes en una convocatoria abierta que permite justificar gastos realizados desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año.
Estas ayudas se suman al conjunto de actuaciones de apoyo a estos colectivos por parte del Ejecutivo regional, y tienen como principal instrumento de apoyo y reconocimiento la prestación económica, que no está sujeta a ninguna convocatoria ni solicitud al tramitarse por un procedimiento de oficio por la
Administración una vez una vez se ha formalizado el proceso. Por tanto, todo acogedor empieza a percibirla desde que adquiere dicha condición y no deja de hacerlo hasta que la pierde.
La Comunidad de Madrid destina 7,5 millones de euros en prestaciones económicas para esta materia, que sirven para cubrir las necesidades básicas de los más de 2.300 niños y adolescentes acogidos en estos momentos por una familia en la región.
