La presidenta Regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que “el Canal de Isabel II se hará cargo de esas facturas del agua porque estas personas, siendo víctimas de una ocupación, ya tienen muchos gastos extraordinarios y tenemos que ser sensibles a esta necesidad”.
La nueva bonificación, que entra en vigor coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se aplicará desde la fecha de presentación de la solicitud y durante el tiempo que dure la situación de ocupación ilegal. Inicialmente tendrá una vigencia de seis meses que, en todo caso, podrá prorrogarse en periodos de idéntica duración mientras las viviendas permanezcan ocupadas ilegalmente y así se justifique.
Esta ayuda se contempla tanto para los casos en que la ocupación ilegal se produce en perjuicio de los titulares del contrato de suministro cuando existe contador individual, como para aquellos que no son titulares y el contrato está a nombre de la comunidad de propietarios porque hay un único contador en toda la finca. En ambos casos se bonificará el 100% de la parte fija y variable de la factura del agua.
Para tramitarla, los afectados deben aportar la documentación que justifique la iniciación de un procedimiento judicial dirigido a recuperar la posesión de la vivienda ocupada. Se puede pedir presencialmente en la oficina comercial de Canal de Isabel II (José Abascal, 10 Madrid), a través de la Oficina Virtual o través del correo [email protected].
Con esta medida, a la que Canal de Isabel II va a destinar un millón de euros, se quiere prestar apoyo a las personas que no pueden disponer de su vivienda y tienen que hacer frente al perjuicio económico que supone la ocupación de la misma ya que, hasta ahora, están obligadas a asumir el pago de los consumos efectuados por los ocupantes.
La empresa pública estableció sus primeras bonificaciones para familias numerosas y por ahorro de consumo en 1996. Desde entonces, ha ido extendiendo sus tarifas sociales y ampliando el abanico de posibles beneficiarios. Hoy incluye ayudas a personas en situación de exclusión social y a perceptores de una pensión de viudedad o del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, durante la pandemia ofreció deducciones a las empresas, autónomos y particulares afectados por las regulaciones de empleo derivadas de aquella situación excepcional.
El Gobierno regional está comprometido con la lucha contra el delito de ocupación. Por ello, entre otras acciones, destaca el servicio 112 Ocupación que ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono gratuito 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno.
Esta herramienta forma parte de la Estrategia regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), cuyo objetivo es proporcionar un marco integrador de las acciones y de las políticas en materia de seguridad impulsadas por la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias autonómicas. Hasta la fecha, el Centro de Coordinación Municipal del 112 ha atendido ya 2.721 llamadas, 888 de ellas (el 32%) relacionadas con la usurpación ilegal de inmuebles
