El Plan Regional de Inversiones 2016-2019 está lejos de cerrarse, toda vez que la Comunidad de Madrid se niega a dar una solución a los municipios como Getafe, con obras aún por ejecutar, ante el incremento de costes por las materias primas en el sector de la construcción.
A pesar de la insistencia de la alcaldesa con el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo y su equipo, para evitar que estas obras permanezcan paralizadas durante más tiempo, la Comunidad de Madrid ha decidido dar la callada por respuesta y abandonar a los municipios. Getafe tiene constancia que este problema afecta a varias grandes y pequeñas ciudades.
En el caso de Getafe son dos los proyectos, por un lado el teatro de la calle Madrid, cuyo procedimiento para adjudicar las obras quedó desierto debido a que la cuantía autorizada hace más de un año por la Comunidad de Madrid para su licitación ha quedado desactualizada tras la pandemia de la COVID19, los problemas mundiales de suministro y actualmente la guerra de Ucrania.
Por otro lado están las calles Monteperdido y Archipiélago Cabrera, en Perales del Río, cuya supervisión se solicitó en octubre de 2020 y todavía no está resuelta por completo por parte de la Consejería para proceder a su licitación.
El concejal de Urbanismo de Getafe, Jorge Rodríguez, ha señalado que "la falta de acción de la Comunidad de Madrid supone una paralización de la actividad económica para el sector de la construcción, pero aún más para ofrecer soluciones a las necesidades de los madrileños y en el caso concreto de Getafe, paralizar inversiones importantes para el barrio de Perales del Río y grandes apuestas culturales y sociales como el nuevo teatro de la Calle Madrid".
Según ha manifestado el propio consejero a la alcaldesa, Madrid y Cataluña son las únicas regiones que todavía no se han sumado al Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, por el que se establece la revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras, sin poder ofrecer la justificación a ello.
