Por una Europa de Servicios Públicos

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El próximo 25 de mayo elegimos nuestros representantes en el Parlamento Europeo. ¿Es posible una Europa más justa, más solidaria para todos y todas? Sí, pero para que Europa sea reformada tiene que haber fuerzas políticas y sociales que quieran la reforma.

Margarita Barrios, concejala de IU en Fuenlabrada
Margarita Barrios, concejala de IU en Fuenlabrada

Actualmente, el Parlamento Europeo está formado por una mayoría conservadora; de los 27 Estados que componen la UE, 24 son conservadores, con una importante representación de la ultraderecha –ocupan 100 escaños de los 700 existentes-, lo que hace que las políticas estén orientadas única y exclusivamente a la recuperación económica –ayudas y exenciones a bancos y grandes empresas-, olvidando las políticas sociales.

Por tanto, votando al Partido Popular tendremos más de lo mismo durante los próximos cinco años, es decir, recortes como los que hemos sufrido en Sanidad (3.000 millones), Educación (7.000 millones), Dependencia, Igualdad, Investigación y Derechos laborales, recortes con los que el gobierno del PP está tratando de cumplir sus objetivos de déficit. Estos recortes son, además, aplaudidos por la UE, el BCE y empresarios, y que complementan a las ayudas a los bancos y las bonificaciones a las grandes fortunas.

Somos el cuarto país de la UE en economía sumergida y la mayor parte de los ingresos fiscales en España corresponden al IRPF, y cada vez que hacen una exención fiscal nos gravan con un aumento de los impuestos indirectos, que afecta por igual al rico y al pobre. Una ley fiscal equitativa, con una progresividad fiscal justa es posible y las propuestas de IU en su programa demuestran que es posible.

Este programa defiende entre sus numerosas propuestas la creación de una Carta de Derechos Europeos sobre educación con una declaración contra el adoctrinamiento religioso, así como una cuantía mínima de inversión pública y revertir el Plan Bolonia. Además, pretende garantizar el carácter público del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, orientar la I+D a aplicaciones civiles. Tampoco se olvida del derecho a una atención sanitaria integral y multidisciplinar, que rechace los repagos y con una política farmacéutica fundamentada en las necesidades de salud, así como la consideración del derecho a la vivienda como un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por las administraciones públicas con la colaboración de un modelo de Justicia como servicio público.

EL PODER DE LA GENTE puede transformar Europa.

Margarita Barrios, concejala de IU en Fuenlabrada

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