Los alcaldes que cedan el censo en Cataluña se enfrentan a multas de 600.000 euros

La entrega de datos del padrón para fines ilícitos es una infracción muy grave y vulnera la Ley de Régimen Local.

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Ciudadanos consultando el censo electoral
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Los ayuntamientos catalanes que colaboren en la organización y celebración del referéndum independentista que está preparando la Generalitat para el 1 de Octubre, se enfrentan a graves sanciones que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros si la colaboración que prestan implica la cesión de datos del padrón para la elaboración de un censo electoral. La multa correspondería a una infracción muy grave de lo estipulado en las leyes de Régimen Local y de Protección de Datos.

La cesión de datos de los ciudadanos a otra Administración, en este caso la Generalitat, para un fin ilícito como sería articular el censo de votantes para la celebración de un referéndum ilegal que vulnera la Constitución, sería una infracción del artículo 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual los datos del padrón municipal se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado «solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes».

Igualmente incumpliría el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que, como la anterior, señala que dicha información no puede ser comunicada a otras administraciones para el ejercicio de competencias diferentes a las que le confiere la ley, han recordado los equipos jurídicos del Estado.

El Tribunal Constitucional ya señaló que la Generalitat no puede otorgarse la facultad de convocar una consulta que, además, afectaría de lleno al contenido de preceptos blindados de la Carta Magna en los que se consagra la soberanía nacional residenciada en el conjunto del pueblo español y la indivisible unidad de la nación.

Así, los ayuntamientos que se presten a ceder datos de los ciudadanos con vistas al referendum independentista incurrirán en una infracción considerada muy grave en la Ley de Protección de Datos. Las sanciones que se aplican en estos casos oscilan entre los 300.001 euros y los 600.000 dependiendo del carácter continuado de la infracción; el volumen de los datos transferidos; la actividad del infractor; el grado de intencionalidad; la reincidencia o «cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la actuación infractora».

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