La Comisión Europea ha decidido cancelar hoy la multa de 2.ooo millones que podría haber impuesto a España, al aplicar el procedimiento sancionador establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Según diferentes agencias económicas, no había consenso dentro del Ejecutivo comunitario sobre imponer o no algún tipo de multa a España, aunque sólo fuera simbólica y como forma de sentar un precedente.
Esa era la alternativa que defendían algunos de los comisarios, como el vicepresidente de Crecimiento e Inversión, Jyrki Katainen, y el responsable del Euro y Diálogo Social, Valdis Dombrovskis. Al final, sin embargo, se ha impuesto la opción más diplomática (más política) y no habrá reprimenda pública, ni multa al Gobierno español.
De esta forma, la Comisión no multará a España a pesar de que nuestro país lleva desde 2008 con un déficit público superior al 3% del PIB, el límite que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No sólo eso, además Bruselas ha decidido dar más margen al Gobierno español para la reducción del déficit futuro.
Este año, el objetivo ya no será el 2,8% inicialmente previsto y ni siquiera el 3,6% que el Gobierno ofreció en su última actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 que presentó el pasado mes de abril. Ahora, el nuevo compromiso entre España y la Comisión fija un objetivo de déficit público para este año del 4,6% del PIB, apenas cinco décimas por debajo del 5,1% con el que se cerró 2015.
El déficit, por encima de los objetivos fijados
El déficit del sector público español en los últimos cuatro años ha sido equivalente al 6,77% del PIB en 2012 (cifras siempre sin contar las ayudas a la banca), el 6,62% en 2013, el 5,79% en 2014 y el 5,08% en 2015.
En todos los casos, España no sólo estuvo muy por encima de ese 3% del PEC, sino también de los objetivos pactados con Bruselas en cada ejercicio. Por ejemplo, en 2015, a pesar del crecimiento económico, nuestro país cerró el año casi un punto por encima del 4,2% al que el Gobierno se había comprometido con Bruselas. Sin embargo, la Comisión ha decidido aceptar los argumentos de Moncloa, no multar a España y ofrecer un calendario de reducción del déficit más flexible.
Agencias / libremercado
