Desahuciado un matrimonio de jubilados en Parla tras vivir en la casa 50 años

A pesar de vivir en la casa 50 años una pareja de jubilados han sido desahuciados en Parla.

Un matrimonio de jubilados de Parla, Nani y Mariano, de 62 y 78 años respectivamente, ha sido desahuciado de la casa en la que han residido durante casi 50 años en el número 42 de la calle Juan XXIII, a pesar de que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca habían alegado en el juzgado la resolución del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pide paralizar desahucios de manera cautelar.

El matrimonio, tal y como ha informado la PAH, ha pagado siempre su alquiler, una cantidad baja debido a que se trata de una renta antigua, pero recientemente su casero, una particular, quiso acabar con el contrato según la plataforma para “especular”, ya que les exigía un pago de más de 700 euros, la misma cantidad que la pareja ingresa como pensión de jubilación.

La familia además está formada por un hijo de la pareja con una discapacidad de más del 80 por ciento y habitualmente se hacen cargo del cuidado de una de sus nietas, según han explicado en la Plataforma cuyos miembros se han concentrado a las puertas de la residencia para intentar paralizar el desalojo.

Según la PAH, tras tres intentos de desahucio aplazados en esta ocasión el juzgado ha denegado las alegaciones presentadas, por lo que a juicio de Ricardo Rosado, portavoz de la plataforma, el juez “no ha considerado oportuno acatar el mandamiento de Naciones Unidas que es completamente vinculante en el Estado español”.

Rosado ha recordado que “no es la primera vez” que un juzgado no asume la resolución de la ONU y continúa con la ejecución del lanzamiento, por lo que trasladarán una queja a la oficina internacional y cree que “tarde o temprano” deberían sancionar al Estado.

Por su parte fuentes municipales han explicado que la vecina desahuciada fue atendida en la Oficina Municipal de Vivienda el 9 de enero de 2017 y entonces se le ofreció una vivienda del Plan municipal “que rechazó el día 30 de enero porque le pareció pequeña”, si bien el 9 de febrero de 2017 “se intentó inscribirla en la Lista de Espera de Bankia para conseguir un alquiler social”, un trámite que debe realizarse personalmente, “pero no se presentó desde esa fecha para continuar la tramitación”.

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