La investigación se inició el pasado mes de diciembre cuando los agentes de Policía Nacional recibieron información procedente del Agregado de Interior de la Embajada de Bulgaria en España, en la que se informaba sobre la existencia en el parque automovilístico español de vehículos que habían sido sustraídos en Bulgaria, aunque su origen parecía legal.
Gracias a la estrecha colaboración internacional y las investigaciones de los agentes se consiguió constatar la existencia de una organización criminal de origen búlgaro, altamente especializada, dedicada a la sustracción de vehículos en su país de origen y su exportación a España, previa alteración de sus documentos identificativos.
El modus operandi de esta organización consistía en el robo de vehículos nuevos de gama media alta en Bulgaria, para lo que utilizaban sofisticadas herramientas tecnológicas que les permitían apoderarse de prácticamente cualquier automóvil en menos de un minuto.
Posteriormente los miembros de la organización les daban una nueva identidad, para ello, manipulaban todos los elementos identificativos como el número de bastidor, las etiquetas de constructor e incluso los registros digitales del vehículo. De manera paralela, confeccionaban la documentación falsa del vehículo haciendo uso de soportes documentales originales sustraídos en otros países como Austria, sobre los que se grababan los datos falsos.
Una vez que los vehículos tenían nueva identidad eran matriculados nuevamente en Bulgaria, como si se tratase de un coche exportado de un tercer país, y trasladado a España. En nuestro país, la organización criminal contaba con una rama logística encargada de matricular los vehículos e introducirlos en el mercado español como vehículos de ocasión.
Debido a la profesionalidad de las manipulaciones, tanto físicas como electrónicas, realizadas sobre los vehículos sustraídos, estos pasaron desapercibidos en todos los controles técnicos realizados durante los diferentes procesos de matriculación. Esto hizo que los vehículos fuesen incluso comprados por importantes concesionarios, dedicados a la venta de vehículos de ocasión a nivel nacional, que no detectaron la estafa. De este modo, los miembros de la organización obtenían entre 30.000 y 40.000 euros por cada vehículo sustraído.
Hasta el momento se ha detenido a siete personas en España, entre ellos los dirigentes de la organización de nacionalidad búlgara. Además se han intervenido diez vehículos valorados en unos 350.000 euros, aunque se siguen realizando gestiones de investigación en colaboración con las autoridades búlgaras para la localización e inspección de más vehículos.
Se destaca la dificultad en la investigación e identificación de los vehículos sustraídos por la profesionalidad de los autores, al tratarse de grupos criminales altamente especializados en la sustracción y modificación de los elementos identificativos de los vehículos. Algunos de ellos son demandados por otras organizaciones criminales por sus habilidades y por la alta calidad de sus falsificaciones, que impiden la identificación de los vehículos sustraídos salvo investigación policial por parte de agentes especializados.
