Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal implicado en una macroestafa que, presuntamente, ofertaba productos de inversión con una rentabilidad atractiva. La cantidad defraudada se sitúa entre los 40 y los 70 millones de euros y afecta a multitud de ahorradores a nivel nacional.
Los investigados se valían de un entramado societario complejo -compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido- y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias de nuestro país para ofertar sus productos.
Además de contar con un departamento comercial cuidadosamente seleccionado (entre gente de la banca y de los seguros), llevaba a cabo campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito para ganarse la confianza de los inversores, llegando a ser premiado por diferentes organismos a nivel nacional.
La operación, que ha sido desarrollada en diferentes fases, ha finalizado con el arresto de nueve personas –ocho de ellas en Ponferrada (León) y una en Madrid-, la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de dos millones y medio de euros.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero. Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a interponer denuncias, tanto en dependencias policiales como en juzgados de toda España, al no poder recuperar su inversión.
Las víctimas habían invertido diferentes cantidades de dinero, que van desde los 5.000 euros hasta los 2 millones de euros, en productos ofrecidos por diversas sociedades de dicho grupo.
La macroestafa se realizaba utilizando un esquema “Ponzi” en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido.
Tras el análisis de las más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes han podido determinar que parte de los fondos se han utilizado para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como -en menor medida- del resto de los integrantes del grupo.
