La investigación se inició en el mes de agosto del pasado año 2022 cuando los agentes de la Brigada Móvil tuvieron constancia de numerosos hurtos que se estaban cometiendo en la red del suburbano de Madrid. Además, las víctimas de estos delitos, volvían a denunciar con posterioridad nuevos hechos delictivos en distintos puntos de España en los que se utilizaba la documentación que les había sido robada. Se trataban de delitos tales como estafas masivas, falsedades documentales, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, hurtos y usurpaciones de estado civil, etc.
Tras dos años de laboriosa investigación, los agentes determinaron la existencia de una organización criminal compuesta por diferentes escalones. En el primero de ellos se encontraban dos varones los cuales dirigían el entramado, uno desde Madrid y otro desde fuera de la comunidad autónoma. Inmediatamente por debajo, había un segundo escalón formado por dos bloques. Uno de ellos, compuesto por los suministradores, que tenía la misión de adquirir documentación sustraída en el transporte de Madrid. En un primer momento, se adueñaban de los objetos de valor y utilizaban las tarjetas para hacer pagos con la tecnología contactless hasta que fueran anuladas.
Posteriormente, la documentación sustraída era entregada previo pago al bloque de coordinadores. Estos captaban a personas toxicómanas que conformaban el grupo de usurpadores y los caracterizaban de manera similar a las víctimas de las documentaciones sustraídas no dudando en utilizar accesorios como gafas o gorras. Posteriormente les acompañaban a entidades financieras para hacer disposiciones de efectivo o solicitar créditos. Por estos servicios se les pagaba con dinero en efectivo o con sustancias estupefacientes.
Cabe destacar el valor de las tarjetas bancarias que variaba según el lugar donde habían sido sustraídas ya que suponían que podían disponer de mayor liquidez en zonas acomodadas de Madrid. Además, eran mejor pagadas las documentaciones de mujeres ya que era más fácil buscar usurpadoras y caracterizarlas para encontrar un parecido con las víctimas.
Continuando con la investigación, los agentes constataron la existencia de otros dos escalones, uno denominado de logística compuesto por dos mujeres cuya misión era blanquear el dinero obtenido por los dirigentes de la organización criminal. Además, a través de redes sociales, vendían los productos comprados por los componentes del grupo. Y un tercer escalón conformado por los financiadores cuya misión era conseguir y suministrar la sustancia estupefaciente que luego era utilizada para abonar los servicios a los usurpadores.
Finalizando con la investigación, el pasado mes de enero se estableció un dispositivo policial para la detención de los integrantes de la organización criminal en el que se realizaron tres entradas y registros. Se recuperaron numerosos efectos, dinero en efectivo e identificaciones utilizadas en los hechos delictivos. Además, en un parque se localizaron varios zulos donde se encontró gran parte de la documentación. 50 individuos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, contra la salud pública, hurto, estafa, trata de seres humanos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. De la totalidad de los arrestados, seis de ellos, los principales responsables, se encuentran en prisión.
