En el informe del Tribunal de Cuentas, la delegada instructora concluyó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años 2015 y 2018. De ello, responsabiliza a los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron el acuerdo de 20 de octubre de 2020 denunciado por el interventor municipal.
La delegada instructora ha dado diez días a los investigados para que depositen la citada cantidad. De lo contrario, se procederá al embargo de sus bienes de forma provisional.
En la citación, el órgano fiscalizador señalaba que tras ponerse de manifiesto por la Intervención del Ayuntamiento "la presunta falta de recaudación por el citado ayuntamiento de ciertos cánones adeudados por la mercantil ITV Móstoles", citaba a la entonces regidora y los ediles para que comparecieran en el Tribunal de Cuentas.
Desde el PSOE anuncian que estudiarán recurrir esta liquidación provisional al estar en contra de la versión del Tribunal de Cuentas porque consideran que "no se ajusta a la verdad" y no responde a la realidad, sino a "una interpretación politizada, parcial y orientada de expediente".
Insisten, además, que no es cierto que "ese perjuicio contable se hubiese causado al Ayuntamiento por cuanto el acuerdo de octubre de 2020 quedó suspendido y no desplegó sus efectos jurídicos como se acredita en los informes del Ayuntamiento".
